Embarcadero de carbon

Si la isla de Baru esta en algun documento gubernamental como zona turistica el embarcadero no debe ser construido porque violaria la ley. Afectaria al turismo y al medio ambiente si se llegara a construir? yo creo que si por la cantidad de particulas de carbon que desprendidas de su medio de transporte por las brisas, vientos, lluvias, etc. iran a parar a los pulmones de las personas, superficies de las edificaciones, mobiliario, etc.


Si hacemos una pausa y recordamos la pobre infraestructura de la isla diriamos, como vamos a desarrollar estos proyectos sin la adecuada existencia de medios de transporte, alcantarillado, acueducto, energia, etc.? no solo para proveer a los proyectos a desarrollar pero tambien para los existentes pobladores de la isla que merecen vivir en mejores condiciones estando solo a unos cuantos kilometros de Cartagena.
Y que decir de la contaminacion al mar? podran los pescadores artesanales convivir con estos buques de gran calado? Que consecuencias traeria el calado de estos buques en el fondo del mar?

Aprovechando esta polemica transcribo un articulo publicado en el diario La Republica en Marzo del 2006.

Como podran darse cuenta existen intereses tanto privados como gubernamentales, que si no se manejan de una forma justa todos saldremos perjudicados.


En abril despega complejo hotelero y turístico de Barú

Fidel Camilo Gómez / Cartagena

Los inversionistas interesados en construir el complejo hotelero de Barú, cerca de Cartagena, pueden ir preparando sus propuestas. El director de Fonade, entidad que hace parte de la Sociedad Playa Blanca-Barú, gestor del proyecto.

Luis Fernando Sanz, dio a conocer que en abril estará lista la convocatoria y el plan maestro de la zona de descanso y turística que promete ser la más exclusiva del país.

“En este momento se están dando los últimos detalles al plan maestro y a los términos… Una vez tengamos listo esto, la idea es salir a buscar inversionistas internacionales que se vinculen al proyecto”, dijo el funcionario.

Hasta el momento no hay un valor estimado del costo de la construcción y operación del hotel cinco estrellas en el sector de Playa Blanca, sin embargo ya hay interesados y están a la espera de conocer los lineamientos del complejo.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que el área dispuesta mide cerca de 115 hectáreas y contaría con una cancha de golf, cuatro lagos y ciclorrutas. Mientras que el hotel se localizaría en 5,5 hectáreas con un frente de 140 metros lineales de playa.

Pero, ¿será que en esta ocasión el gobierno tendrá éxito a la hora de convocar a los inversionistas? Dos invitaciones públicas anteriores fueron declaradas desiertas, al no presentarse ninguna propuesta para desarrollar los planes hoteleros que se proyectan para esa zona.

¿Qué podría estar incidiendo para que empresarios privados no se decidan por invertir en un área que tiene todo el potencial para convertirse en uno de los principales destinos turísticos del continente y que estaría en la mira de inversores como el magnate de la industria inmobiliaria de los Estados Unidos, Donald Trump?

La respuesta se encontraría en un lío judicial de vieja data que viene enfrentando al Estado y a grupos de nativos de Barú.

“Hay incertidumbre en torno a la legalidad de la tierra y los constructores no quieren meterse en predios con líos jurídicos”, indicó el presidente de la Sociedad de Arquitectos de Bolívar, Flavio Romero.

Inconvenientes

El problema radica en que varias de las áreas en las que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo proyecta desarrollar las villas hoteleras, para albergar a turistas de clase A, se encuentran en posesión de nativos que las reclaman como suyas.

Con documentos oficiales de finales del siglo IXX, apoderados de los pobladores alegan que ninguno de ellos ha negociado con la Nación esos predios, y que por lo tanto los títulos que presenta el gobierno carecen de validez.

Lo que hoy en día enfrenta al Estado colombiano con los nativos es una franja de terreno de 300 hectáreas que el gobierno adquirió a mediados del siglo pasado, a través de la liquidada Corporación Nacional de Turismo.

Barú tiene extensión aproximada de 1.000 hectáreas, de las cuales 570 serán destinadas para el levantamiento del proyecto turístico, y de estas unas 300 pertenecerían al Estado.

Para agilizar la ejecución de estos planes, hacia mediados de 1990, el Gobierno Nacional emprendió acciones judiciales para tratar de recuperar los terrenos que permaneces bajo el poder los nativos.

Desde ese entonces, la Nación ha recuperado 12 predios de 17 que tiene previstos en la zona conocida como Playa Blanca, los cinco restantes volverán a sus manos en menos de tres meses.

“Teniendo en cuenta que está claramente demostrada la propiedad de esos predios, se iniciaron las acciones judiciales para recuperarlos”, manifestó el asesor jurídico del Ministerio de Comercio, Jairo Delgado.

La Puntilla

Sin embargo, los pleitos no sólo se circunscriben a Playa Blanca. El punto más candente de esta disputa se concentra en un terreno de 70 hectáreas conocido como La Puntilla. Paradójicamente, la mitad de estas tierras está en manos de los nativos y la parte restante se encuentra bajo vigilancia del gobierno.

Lo que más inquieta a la Nación es que aún no se conoce a ciencia cierta cuándo podrá tomar posesión del área.

El jurista que viene defendiendo al Ministerio acusa a los nativos de tratar de modificar los límites de sus propiedades para reclamarlas como suyas. En parte de los terrenos se proyecta el levantamiento del complejo hotelero.

Ante estas imputaciones, los pobladores señalan que el Gobierno Nacional fue estafado a la hora de comprar los predios que hoy viene reclamando.

Armando Ramírez, un minero manizalita, que viene costeando la defensa jurídica de los pobladores, afirma que las personas que negociaron con la Corporación Nacional de Turismo, la venta de esas tierras, accedieron a ellas a través de argucias jurídicas.

Presentando copias de papeles oficiales que datan desde 1887 y que probarían el derecho que tienen los nativos sobre esos terrenos, Ramírez trata de demostrar que los títulos que exhiben las familias que posteriormente negociaron con el Ejecutivo, son falsos.

Por ejemplo, asegura que parte de las escrituras que sirvieron de base para negociar con la titularidad de estas tierras carecen de elementos esenciales como la firma de notarios, o la rúbrica de los nativos que accedieron a vender, mientras que en otros papeles se cita a testigos que se identifican con cédulas que no corresponden a esa época.

No obstante las disputas de estas tierras, ya han pasado la frontera de lo jurídico. En días pasados miembros de una compañía de vigilancia privada contratada por el gobierno, dispararon contra un grupo de pobladores cuando merodeaban por algunas zonas en los que la Nación viene ejerciendo posesión.

Defensores del gobierno afirman que al momento de los disparos algunos pobladores intentaban rodar las cercas que rodean los predios que ya están en propiedad del Estado, por su parte, voceros de los nativos aseguran que lo que se buscaba era ahuyentar a los inversionistas interesados en negociar con ellos, y que tan sólo querían inspeccionar la zona.

Lo cierto es que lo que está en juego no es de poca monta. El valor de los terrenos en disputa, y en los que estarían interesados empresarios de Indonesia y Estados Unidos, podrían superar los 300 millones de dólares.

Contraataque

Dispuestos a negociar

Así como el gobierno se alista para entregar en concesión parte de estos terrenos, los nativos avanzan en los trámites legales para repartir sus predios, y entrar a negociarlos con inversores privados, que han mostrado interés desde hace algún tiempo.“El gobierno no nos va a dañar este negocio. Los nativos son los que tienen la posesión y los títulos de estas tierras”, afirma Ramírez.